En lugar de ayudar a las personas, algunas instituciones de salud mental emplazadas en China son utilizadas para «reformar» a los disidentes, e incluso a las personas que presentan peticiones ante el Gobierno o a los creyentes religiosos.
por Li Mingxuan
Tres generaciones de una familia viven juntas en condiciones de extrema pobreza en una aldea administrada por la ciudad de Zibo, en la provincia oriental de Shandong. Además de eso, la esposa del jefe de familia es discapacitada, por lo que el hombre le ha solicitado en repetidas ocasiones al Gobierno local que le conceda una asignación de subsistencia, la cual siempre le fue denegada. En el año 2018, el hombre decidió viajar a Pekín para presentar una petición ante el Gobierno central. En lugar de resolver los problemas de su familia, fue arrestado por oficiales de la Agencia de Seguridad Pública y posteriormente llevado a un hospital psiquiátrico.
El hombre recordó que, en el hospital, cada vez que se negaba a tomar los medicamentos que le daban los médicos, lo ataban a una cama. Luego de algunos incidentes de este tipo, se dio por vencido y decidió tomar las píldoras para evitar ser atado. Más tarde se enteró de que las autoridades de su poblado le habían ordenado al hospital que lo obligaran a tomar los medicamentos. Al momento de ser liberado, tras haber permanecido confinado allí durante un mes, su condición mental se vio visiblemente afectada. Desde entonces, se convirtió en blanco de la vigilancia gubernamental. En septiembre de 2019, la policía volvió a presentarse en su hogar, amenazándolo con la imposición de una extensa sentencia si volvía a presentar una petición.
Historias como esta no son casos aislados en China: disidentes, creyentes o peticionarios son encarcelados en hospitales psiquiátricos durante años. Para los agentes del orden público, es una manera fácil de ganar dinero extra de las personas que quieren ocuparse de los «alborotadores» y también la posibilidad de demostrarles a sus superiores que trabajan «eficazmente».
Un empleado de un hospital psiquiátrico emplazado en la ciudad de Dezhou de Shandong le dijo a Bitter Winter que los oficiales de policía a menudo llevan personas esposadas, con grilletes y con la cabeza cubierta con una capucha negra, para ser sometidas a «tratamiento».
«Mientras sean enviados aquí, el hospital los tratará sin importar si están enfermos o no», explicó el empleado. «Si se niegan a tomar medicamentos, los obligaremos a hacerlo. El Gobierno no tolera a los peticionarios; los llama ‘enfermos mentales’. Cuando son enviados aquí, su condición mental es normal, pero después del ‘tratamiento’, se deteriora».
El mismo recordó a un anciano que había sido llevado al hospital en tres oportunidades por presentar peticiones en Pekín. Su familia tuvo que pagar todos sus gastos médicos. La tercera vez recién fue liberado cuando su familia escribió una declaración en la que prometían que el hombre no volvería a presentar ningún tipo de petición.
«Muy pocas personas confinadas aquí están realmente enfermas», afirmó el empleado. “Puede parecer un hospital, pero en realidad, no es diferente de una prisión. La puerta está asegurada con varias grandes cadenas de hierro, por lo que no hay forma de escapar. Para mantener a los pacientes débiles, el hospital les proporciona muy poca comida”.
Junto con los peticionarios y los disidentes, las personas de fe también son frecuentemente confinadas en hospitales psiquiátricos —uno de los medios utilizados por el Gobierno para obligarlos a renunciar a sus creencias religiosas—.
Según un empleado de un hospital psiquiátrico emplazado en la Región Autónoma Zhuang de Guangxi, cuando ingresan miembros de la Iglesia de Dios Todopoderoso (IDT), el hospital comienza su «tratamiento» inmediatamente, sin efectuar ningún tipo de prueba o examen. Los médicos del hospital afirman que a los creyentes religiosos les aplican un «tratamiento especial».
«Para obligarme a tomar píldoras, dos médicos me presionaron sobre un escritorio y me dieron descargas en la espalda, las manos y los pies utilizando un bastón eléctrico», una miembro de la IDT recordó su dolorosa experiencia acaecida en un hospital psiquiátrico en el año 2017. «El cuerpo me temblaba y sentía un insoportable dolor. Apenas podía respirar y no pude controlar mi vejiga. La tortura recién se detuvo cuando acepté tomar los medicamentos».
Durante su permanencia de más de un mes en el hospital, la mujer recibió seis terapias de choque, desmayándose en dos ocasiones. Los médicos la amenazaron, afirmando que si continuaba practicando su fe, el trabajo de su hijo se vería afectado. Tras ser liberada, y a pesar de que todavía se sentía sumamente débil, inmediatamente se escondió, con la esperanza de no volver a ser arrestada.
“Como resultado de las descargas eléctricas, mi memoria disminuyó y mis manos y pies a menudo se entumecen. Recién comencé a sentirme un poco mejor seis meses después de haber sido liberada”, recordó la mujer.
Una miembro de la IDT procedente de la ciudad de Tianmen en la provincia central de Hubei pasó 157 días en un hospital psiquiátrico. «Un médico me dijo que, a causa de mi fe, yo era una paciente mental y no había necesidad de efectuar más exámenes», recordó la mujer. En una ocasión, tres enfermeras la obligaron a tomar medicamentos destinados a personas con problemas de salud mental, a pesar de admitir que no tenía síntomas relacionados. Las enfermeras le dijeron que esas eran las reglas del hospital y la amenazaron con atarla si se negaba a tomar los medicamentos.
«El internamiento forzoso en instalaciones psiquiátricas sigue siendo una forma común de represalia y castigo implementada por las autoridades chinas contra activistas y críticos del Gobierno», informó en su informe del 2016 Chinese Human Rights Defenders, una coalición compuesta por ONG chinas e internacionales. «La práctica perdura aunque aparentemente es ilegal, de acuerdo con la primera ley de salud mental de China, la cual fue promulgada hace tres años, el 1 de mayo del 2013».
Todos los años, el Gobierno chino sigue enviando a miles de personas a hospitales psiquiátricos a modo de castigo. En uno de los casos recientes, Dong Yaoqiong, la «chica de la tinta», quien transmitió en directo un video de ella misma desfigurando un póster de Xi Jinping, permaneció confinada en un hospital psiquiátrico durante más de un año. La misma fue liberada el 19 de noviembre de 2019.
