Los miembros adolescentes de la Iglesia de Dios Todopoderoso reciben fuertes sentencias, son torturados y adoctrinados, y se los priva de su derecho de visita cuando se encuentran detenidos.
por Gu Xi
El 29 de junio, el Tribunal Popular del condado de Jianshui, en la prefectura autónoma hani y yi de Honghe de la provincia suroccidental de Yunnan, condenó a Jiang Guangmei, de 19 años de edad, miembro de la Iglesia de Dios Todopoderoso (IDT), a tres años de prisión. La misma fue acusada de «utilizar una organización xie jiao para socavar la aplicación de la ley» y además se le impuso una multa de 3000 yuanes (alrededor de 430 dólares). La joven permaneció ilegalmente detenida durante un año y ocho meses tras ser arrestada en septiembre de 2018, cuando solo tenía 17 años, por escribir artículos sobre sus experiencias religiosas, un pretexto comúnmente utilizado para encarcelar a los miembros de los grupos religiosos prohibidos en China.
El Código Penal chino estipula que los menores pueden recibir penas atenuadas. Según el veredicto de Jiang Guangmei, la misma fue sentenciada a prisión porque no admitió que practicar su fe era un delito, y se le impuso una «pena más leve» de tres años —la mínima, según el artículo 300 del Código, el cual se aplica en los casos relacionados con xie jiao—.
Durante los últimos años, la cantidad de miembros de la IDT —el movimiento religioso más perseguido en China— que son condenados a prisión aumentó notablemente. Algunos creyentes permanecieron encarcelados durante 13 e incluso 15 años solo a causa de sus creencias.
En abril del año pasado, un miembro de la IDT de 17 años fue sentenciado a tres años de prisión y se le aplicó una multa de 20 000 yuanes (aproximadamente 2900 dólares), mientras que un joven de 18 años arrestado al mismo tiempo recibió una sentencia de cuatro años y se le aplicó una multa de la misma cantidad. Ambos permanecieron detenidos diez meses antes del juicio.
Según un infiltrado en el Gobierno, los dos creyentes fueron confinados en una base de interrogatorios secreta, donde fueron torturados. A sus familiares y amigos no se les permitió visitarlos ni se les informó sobre el juicio. Esto infringió el artículo 11 del Reglamento para el manejo de la delincuencia y los casos penales que involucran a menores por parte de las autoridades de seguridad pública, el cual estipula lo siguiente: “Cuando se interrogue a menores implicados en delitos o crímenes, […] se les deberá informar a sus padres, tutores o maestros para que estén presentes durante el procedimiento”. Mientras que el Reglamento del Tribunal Popular Supremo sobre el enjuiciamiento de causas penales en las que estén implicados menores exige que «antes del juicio, se debe informar a los representantes legales de los menores de edad imputados para que estén presentes en el tribunal».
A una miembro de la IDT que conoce a los dos creyentes sentenciados le preocupa que no sobrevivan a tan largos encarcelamientos. “Podrían ser torturados”, le dijo la misma a Bitter Winter.
Sus preocupaciones no son infundadas. Cuando los familiares de los menores son privados de sus derechos de visita y las autoridades les ocultan información procesal, las posibilidades de tortura y abuso durante los interrogatorios aumentan. A los detenidos también se les impide ejercer adecuadamente su derecho legal a apelar las sentencias.
Tales situaciones son frecuentes en los casos relacionados con miembros de la IDT. Una joven miembro de la IDT le contó a Bitter Winter su terrible experiencia de cuando permaneció detenida durante 89 días. La misma fue arrestada en agosto de 2014, a la edad de 16 años, y posteriormente enviada a un centro de educación legal, donde fue adoctrinada con el ateísmo y obligada a escuchar difamaciones y calumnias sobre la IDT. Cada vez que la joven las refutaba, recibía una fuerte bofetada. Era golpeada por cada comentario negativo sobre el programa de adoctrinamiento o por negarse a escucharlo. En una ocasión, un oficial la tiró al suelo de una patada, la abofeteó y golpeó fuertemente su cabeza contra una pared mientras le jalaba el cabello.
Durante un forcejeo con tres oficiales de adoctrinamiento que la presionaban para que firmara una declaración de renuncia a su fe, uno de ellos la apuñaló entre los dedos pulgar e índice utilizando un bolígrafo. La cicatriz todavía es claramente visible.
Fue privada del sueño durante tres días seguidos, pero aun así se negó a renunciar a su fe. Luego de ello, los oficiales la esposaron a una ventana y la obligaron a permanecer de pie durante un extenso período de tiempo, sin permitirle utilizar el baño durante horas. El 8 de agosto, varios oficiales se turnaron para intimidarla, pero fracasaron. Luego, utilizaron bastones eléctricos para electrocutarla, afirmando que «para lidiar con los reaccionarios es necesario el uso de la violencia». Cuando los bastones dejaban de funcionar, los agentes buscaban otros y proseguían electrocutando a la joven hasta que la misma perdió el conocimiento.
Debido a que continuó negándose a renunciar a su fe, los oficiales la hicieron escribir una confesión en la que afirmaba ser miembro de la IDT, la cual amenazaron con utilizar como prueba durante el juicio. Incapaz de soportar más torturas, la mujer finalmente firmó una declaración en la que prometía renunciar a su fe y fue puesta en libertad. Fue incluida en la lista de objetivos de vigilancia y era continuamente vigilada por funcionarios de la aldea y el poblado, quienes les informaban a sus superiores cada uno de sus movimientos. Debido a tan estrecha vigilancia, la mujer no pudo volver a ponerse en contacto ni reunirse con otros miembros de la IDT.
