Los uigures están siendo enviados a trabajar a lo largo de toda China en contra de su voluntad, donde son estrictamente controlados y viven en condiciones que recuerdan a los campos de internamiento.
por Li Mingxuan
En medio de la recesión económica de China como consecuencia de la propagación del nuevo coronavirus, el Partido Comunista Chino (PCCh) está enviando a los musulmanes étnicos de la Región Autónoma Uigur de Sinkiang a otras partes del país para que trabajen en fábricas. Según un informe de Radio Free Asia, el Gobierno de Sinkiang está obligando a los uigures a trasladarse a las provincias de Hunan, Jiangsu, Jiangxi y Zhejiang, en lo que puede ser parte de un intento por impulsar la producción, independientemente de los riesgos que representa el virus.
La BBC cita al Instituto Australiano de Política Estratégica, el cual llama a este movimiento «la próxima fase en la reeducación de los uigures de China», y estima que entre los años 2017 y 2019, en virtud de una política del Gobierno central conocida como “Ayuda a Sinkiang”, «más de 80 000 uigures fueron trasladados desde la lejana y occidental región autónoma de Sinkiang para trabajar en fábricas emplazadas por toda China». Algunos fueron directamente enviados desde campamentos de transformación por medio de educación.
Un joven uigur que trabaja en una fábrica emplazada en la provincia oriental de Shandong le dijo a Bitter Winter que cientos de uigures trabajan junto a él fabricando productos para exportar a Europa, Japón y Estados Unidos. Los gerentes de la fábrica son de etnia han y no trabajan en las líneas de producción debido a las condiciones sumamente perjudiciales para la salud; solo los uigures lo hacen.
«No quiero estar aquí; es un trabajo duro, un salario bajo y un control estricto», le dijo el hombre a Bitter Winter. El mismo añadió que solía ser dueño de una tienda en su ciudad natal y ganaba un buen dinero, pero el Gobierno lo envió a esta fábrica en contra de su voluntad.
Se han instalado numerosas cámaras de vigilancia en la fábrica. La policía local les quita las tarjetas de identificación a los uigures en el momento en el que llegan, los mismos no pueden irse sin permiso y, si lo hacen, podrían ser enviados a la cárcel.
«Si queremos salir tenemos que presentar una solicitud por escrito», continuó el hombre. Cuando se les permite tomarse unos días, un líder de equipo, comisionado por la policía de Sinkiang, les coloca un brazalete de monitoreo electrónico conectado a una aplicación en sus teléfonos. Si el brazalete deja de funcionar mientras están fuera de la fábrica o no regresan dentro del tiempo estipulado, los trabajadores son sancionados.
«Los que discutan y desobedezcan serán golpeados sin piedad hasta que no puedan ponerse de pie», afirmó un gerente de la fábrica. «Luego de un tiempo, la gente se vuelve sumisa y nadie se atreve a llegar tarde».
El mismo añadió que un empleado designado se encarga de inspeccionar todo el correo dirigido a los trabajadores uigures, ya que el Gobierno quiere asegurarse de que no hablen sobre nada que considere «peligroso o rebelde». Los trabajadores uigures son obligados a aprender el idioma chino y son adoctrinados con propaganda del PCCh por oficiales de policía de Sinkiang en su tiempo libre.
El gerente también reveló que a los uigures recién se les permite ir a sus hogares para ver a sus familias luego de haber trabajado en la fábrica durante un año. No pueden visitar sus hogares sin permiso, ni siquiera si fallece un familiar cercano. Los que tienen la suerte de obtener la aprobación para una visita y no regresan a tiempo son escoltados de regreso a la fuerza, y los que se resisten son enviados a campos de internamiento.
«Desde el año 2016, el Gobierno ha estado reclutando trabajadores de Sinkiang en nombre del ‘alivio de la pobreza’, lo cual es un engaño utilizado para controlarlos», continuó el gerente. «Los que han sido reclutados deben abandonar sus hogares y cualquier desobediencia los llevará a la cárcel».
Un funcionario de un Gobierno local de Sinkiang confirmó estas declaraciones. El mismo afirmó que las autoridades les exigen a los jóvenes uigures de Sinkiang ir a trabajar a diferentes provincias, sin importar si desean hacerlo o no. Cada aldea recibe una cuota de mano de obra. Por ejemplo, cada hogar uigur de la prefectura de Jotán de Sinkiang debe enviar a un miembro a trabajar fuera de la región.
Las prácticas religiosas están absolutamente prohibidas en dichas fábricas. En una de ellas, emplazada en la provincia nororiental de Liaoning, un hombre de etnia hui fue investigado por la policía por haber invitado a sus compañeros de trabajo uigures a asistir a un servicio de culto.
«Las condiciones aquí son casi las mismas que en los campamentos de reeducación», se quejó un uigur que trabaja fuera de Sinkiang.
Algunos funcionarios gubernamentales de Sinkiang afirmaron que solo a los uigures desempleados se les da trabajo a lo largo de toda China ya que «los mismos constituyen la fuerza laboral rural excedente, la cual es desfavorable para la estabilidad social». Por lo tanto, el hecho de enviarlos a otras provincias para que trabajen bajo la supervisión del Gobierno «ayudará a aliviar la pobreza y frenar la propagación del extremismo religioso y la violencia racial».
«Algunas mujeres uigures solicitan empleos en el sector de la construcción para evitar ser enviadas a otras provincias», le dijo a Bitter Winter el gerente de una empresa constructora emplazada en la prefectura de Jotán. «No les importa el bajo salario, siempre y cuando podamos proporcionarles un contrato que demuestre que tienen un trabajo en Sinkiang. En ocasiones, a pesar de tener empleo, el Gobierno las obliga a trabajar fuera de Sinkiang».
