El PCCh intensifica la represión contra los grupos religiosos extranjeros existentes en China, y los creyentes no tienen permitido tener contacto con extranjeros ni ver programas de televisión del extranjero.
por Wang Anyang
En el mes de junio, una creyente de la ciudad de Tonghua, en la provincia nororiental de Jilin, estaba hablando con el pastor de una iglesia de las Tres Autonomías aprobada por el Estado y mencionó casualmente que surcoreanos habían financiado la construcción de la nueva iglesia a la que asistía. Para su sorpresa, el pastor se puso muy nervioso y le dijo que no volviera a mencionar en público que la iglesia tenía algún tipo de vínculo con Corea del Sur. «Me dijo que, en China, hay que decir que la iglesia es china. Si el Gobierno descubre que la iglesia había sido construida por surcoreanos, la misma sería sellada y no podríamos seguir celebrando reuniones», relató la mujer su conversación con el pastor.
La aprensión del pastor es comprensible. Como parte de la campaña nacional tendiente a acabar con los grupos religiosos que poseen vínculos con el extranjero, las operaciones llevadas a cabo para reprimirlos (especialmente al cristianismo surcoreano) están en pleno apogeo en toda la provincia de Jilin. El documento titulado: Plan para investigar de manera conjunta las actividades de infiltración religiosa, emitido el pasado mes de abril por una municipalidad de Jilin, exige investigar los lugares de reunión religiosos que posean vínculos con el extranjero, monitorear las actividades diarias y en línea de los misioneros en China e investigar si los lugares de culto tienen algún tipo de conexión con países extranjeros.
El 4 de julio, funcionarios gubernamentales del condado de Dongfeng de Liaoyuan, una ciudad fronteriza con Tonghua, celebraron una reunión para hablar sobre la represión de la «infiltración religiosa extranjera» procedente de Estados Unidos y Corea del Sur. Más de 700 personas –entre los que se incluían funcionarios de la Agencia de Asuntos Religiosos y del Departamento de Trabajo del Frente Unido, así como también secretarios del Partido Comunista Chino (PCCh) de cada municipio y aldea– asistieron a la reunión para coordinar la operación de represión.
Los grupos religiosos relacionados con el extranjero situados en otras provincias también son severamente reprimidos. El 17 de junio, un pastor chino perteneciente a una rama de la Iglesia surcoreana Sungrak (literalmente «Iglesia de la Música Sagrada») emplazada en la provincia nororiental de Liaoning fue arrestado e interrogado. La policía le preguntó repetidamente si la iglesia había aceptado dinero procedente de Corea del Sur y también lo presionó para obtener información sobre los miembros de la misma. Al final, fue liberado luego de que la policía lo obligara a redactar una declaración en la que prometía no volver a celebrar reuniones.
La sede china de la Iglesia Sungrak se encuentra situada en la ciudad de Harbin, en la provincia nororiental de Heilongjiang. El 8 de diciembre de 2017, la policía allanó la iglesia cuando la congregación estaba celebrando una ceremonia inaugural en el lugar de culto recientemente construido. Más de diez pastores fueron arrestados, incluidos cuatro procedentes de Corea del Sur, quienes posteriormente fueron deportados y se les prohibió regresar a China por un plazo de cinco años. El año pasado, la sede de la Iglesia fue allanada una vez más. El podio y otras instalaciones que se hallaban situadas dentro de la iglesia fueron destrozados y la iglesia fue sellada.
De acuerdo con el Plan de trabajo a nivel nacional de la operación especial para investigar y lidiar con la infiltración cristiana extranjera según la ley, emitido conjuntamente por el Departamento de Trabajo del Frente Unido y el Ministerio de Seguridad Pública a principios de este año, la Iglesia Sungrak se encuentra entre los principales objetivos de represión. El documento también menciona que la campaña contra los grupos religiosos procedentes del extranjero es implementada en base a una serie de directivas dadas por el presidente Xi Jinping, en las que exige detener a las fuerzas extranjeras que “se infiltran en China por medio de la religión”. “Nunca permitan que fuerzas religiosas extranjeras formen un sistema dentro de nuestro país; nunca permitan la formación de fuerzas antipartidistas y antigubernamentales en el campo religioso”, cita el edicto al presidente Xi.
Los testigos de Jehová también se encuentran entre los grupos objetivo. A mediados de mayo, la policía de una ciudad de la provincia suroriental de Jiangxi allanó un departamento alquilado por una misionera de los testigos de Jehová procedente de Corea del Sur. Durante el proceso se incautó el pasaporte de la mujer y se confiscaron libros religiosos y una tableta (computadora portátil). La misionera y una testigo de Jehová local fueron escoltadas hasta la Agencia de Seguridad de Estado de la ciudad para ser interrogadas.
Un oficial de policía les dijo a las creyentes que, según la ley china, a los extranjeros no se les permite predicar en China. La policía también le preguntó a la creyente china cómo había conocido a la misionera extranjera y si estaba en contacto con otras personas procedentes del extranjero. Se le advirtió que no difundiera las enseñanzas de los testigos de Jehová y se le prohibió tener contacto con extranjeros bajo el pretexto de «protegerse de los espías».
Las dos mujeres fueron liberadas luego de siete horas. La misionera fue deportada a Corea del Sur el 16 de mayo. Otra misionera abandonó China por voluntad propia después de enterarse de la terrible experiencia que tuvo que atravesar su compañera de fe.
El PCCh está aprovechando todas las oportunidades que se le presentan para protegerse de la «infiltración extranjera». Incluso las antenas de TV satelitales personales (comúnmente conocidas en China como «pequeñas tapas de ollas») que pueden transmitir canales extranjeros están siendo desmanteladas por la fuerza, impidiendo que las personas vean programas religiosos extranjeros.
Las ciudades de Gongzhuling, Da’an y Songyuan de la provincia de Jilin recientemente emitieron órdenes, exigiéndoles a los residentes y arrendadores existentes en sus jurisdicciones que desmantelen dichos equipos satelitales y amenazaron con imponerle una multa de 5000 yuanes (alrededor de 700 dólares) al que no acate tal orden.
