China había negado durante mucho tiempo la existencia de campamentos de «transformación por medio de educación» para musulmanes en Sinkiang. Actualmente proclama que todo está bien, ya que una nueva ley los legalizó.
Massimo Introvigne
Bitter Winter ha sido uno de los primeros medios de comunicación en informar ampliamente sobre los campamentos de “transformación por medio de educación”, los cuales se cree que albergan a 1.5 millones de presos en China, en su mayoría disidentes religiosos. Un millón de dichos presos son musulmanes, en su mayoría de etnia uigur y kazaja procedentes de Sinkiang. La terminología es confusa y la propaganda china utilizó tal confusión en su propio beneficio. Como los laojiao (劳动教养 or 劳教), los campamentos de «reeducación a través del trabajo», fueron abolidos en China en el año 2013, el régimen respondió que las críticas estaban basadas en información antigua. Pero, de hecho, los laojiao fueron reemplazados por los jiaoyu zhuanhua (教育转化), campamentos de «transformación por medio de educación», los cuales son aún peores. Los mismos no son escuelas. Son campos de concentración, donde las víctimas que se resisten a la «desprogramación» forzada de su fe religiosa son torturadas, en algunos casos hasta la muerte.
Los nuevos campamentos también eran ilegales. No existía una base legal clara para ellos en la legislación china. Pero el 10 de octubre de 2010, el Partido Comunista Chino (PCCh) anunció que estos problemas habían sido resueltos, ya que el 13º Comité Permanente del Congreso Popular de la Región Autónoma Uigur de Sinkiang promulgó y publicó un Reglamento Enmendado de Lucha contra el Extremismo. El reglamento legaliza y estandariza la práctica de detener en campamentos de «transformación por medio de educación» a «personas que han sido afectadas por pensamientos extremistas», lo que para el PCCh se refiere a individuos religiosos no están preparados para renunciar a su fe. No obstante, el reglamento solo legitima los campamentos en Sinkiang, a pesar de que también existen fuera de la «región autónoma» y albergan a disidentes religiosos y políticos que no son musulmanes.
Otra disposición del nuevo reglamento, anunció el PCCh, es que el mismo “elimina cláusulas anteriores que detallan el nivel de castigo otorgado teniendo en cuenta diferentes violaciones y su gravedad. Anteriormente, si las circunstancias eran relativamente menores, los infractores serían juzgados por el departamento de seguridad pública. La enmienda ahora les permite a las autoridades infligir a los delincuentes castigos más severos».
Esto significa que incluso más «extremistas» religiosos, un término tomado de Rusia y aplicado a los miembros de todas las religiones que no son no aprobadas ni controladas por el PCCh, ahora pueden ser detenidos en dichos campamentos o incluso recibir castigos «más severos».
