Los residentes de 33 aldeas de la provincia de Zhejiang se vieron obligados a reubicarse a causa de un «proyecto de modernización». Los que intentaron defender sus derechos fueron arrestados. Algunas personas murieron.
por Lin Yijiang
Zheng Yanxiong, un funcionario intransigente del Partido Comunista Chino (PCCh), fue recientemente designado jefe de la Agencia para la Salvaguarda de la Seguridad Nacional y volvió a hablar sobre las protestas llevadas a cabo en la aldea de Wukan durante su mandato como secretario del Comité del Partido en la ciudad de Shanwei de la provincia de Cantón. En el año 2011, los residentes de la aldea organizaron manifestaciones para protestar contra la expropiación ilegal de sus tierras, pero fueron violentamente reprimidos. Los silenciamientos de las personas de fe que intentan defender sus derechos lamentablemente son algo habitual en China.
Una aldea entera se vio obligada a reubicarse
En febrero del año pasado, en respuesta a un llamamiento para revitalizar la China rural mediante la construcción de «una sociedad acomodada en un país socialista modernizado», expresado durante el XIX Congreso Nacional del PCCh, el Gobierno del condado de Longyou en Quzhou, una ciudad a nivel de prefectura de la provincia oriental de Zhejiang, presentó un plan para crear la «zona experimental de Shiyuan». La idea detrás del proyecto, el cual lleva el nombre de una de las 33 aldeas seleccionadas para la «modernización», era demoler las viviendas de los 4800 habitantes y construir otras nuevas en su lugar. Luego de ello, las personas reubicadas regresarían a sus nuevos hogares.
Casi todos los 1600 hogares de las aldeas poseían derechos de propiedad de la vivienda, lo que significa que sus casas habían sido legalmente construidas y estaban protegidas por la ley. Muchas de las casas de las aldeas, las cuales estaban situadas a la orilla de un río y rodeadas de montañas, eran de buena calidad y alto valor, ya que los residentes de la zona son personas bastante acomodadas.
Cuando se pusieron en marcha los planes del Gobierno, a las aldeas se les ordenó reubicarse colectivamente. El Gobierno propuso un esquema de compensación para cada vivienda: si el valor de la propiedad demolida es mayor que el costo de la nueva vivienda, a su propietario se le pagará la diferencia. No obstante, si la nueva vivienda es más cara que la original, el propietario deberá compensar al Estado por los costos adicionales. Además, la construcción de las nuevas viviendas llevará al menos tres años. Hasta entonces, los residentes deberán alquilar o quedarse a vivir con sus familiares.
Los aldeanos fueron acosados e intimidados
Al sentirse insatisfechos con las injustas condiciones e inseguros en lo que respecta a su futuro, muchos aldeanos se negaron a firmar los acuerdos de reubicación. En respuesta, el Gobierno local movilizó a más de 1000 funcionarios procedentes de 74 unidades gubernamentales para que se encargaran de la labor ideológica e hicieran cambiar de opinión a los aldeanos, hostigándolos en sus hogares todos los días desde marzo hasta octubre. Varios residentes informaron que los mantuvieron despiertos hasta las 2 o 3 de la mañana hasta que firmaron los acuerdos.
«Estaba tan aterrorizada por los fuertes golpes que estos funcionarios le daban a la puerta que me temblaba todo el cuerpo», recordó una mujer de más de 70 años. «Sus visitas diarias me hacían sentir tan ansiosa que no podía dormir. La salud de mi esposo se deterioró debido a ello».
El Gobierno local también presionó a los hijos de los residentes que trabajaban o estudiaban en otros lugares para que regresaran a sus hogares y convencieran a sus padres para que se mudaran. Algunos incluso fueron amenazados con ser despedidos de su trabajo o expulsados de la universidad si no se firmaban los documentos. Los que se negaron fueron aún más presionados.
En un intento de organizar la aldea para continuar defendiendo sus derechos, un residente utilizó su grupo de WeChat, una plataforma china de mensajería y redes sociales, para alentar a sus vecinos a no firmar los acuerdos. El mismo fue velozmente arrestado por «incitar disturbios» y «crear rumores». El hombre recién fue liberado luego de haber firmado un acuerdo de reubicación. Otro aldeano fue llevado a una estación de policía por publicar un mensaje sobre las leyes de uso de la tierra en China.
Una residente le dijo a Bitter Winter que el que no estuviera de acuerdo con la orden de reubicación o con las compensaciones por sus viviendas era amenazado con ser arrestado, ya que se habían enviado agentes de policía con bastones y armas para intimidarlos. «¿Quién no les tendría miedo? No pudimos hacer nada al respecto», se lamentó la mujer.
Conducidos a la muerte
A pesar de las continuas intimidaciones y amenazas, algunos residentes siguieron negándose a reubicarse, pero sus viviendas fueron demolidas por la fuerza.
«Para presionarnos a firmar los acuerdos de reubicación, el Gobierno no solo cortó nuestro suministro de agua y electricidad, sino que también amenazó con demoler nuestras casas con nosotros dentro de ellas», relató un aldeano.
El mismo añadió que algunos residentes de la aldea habían muerto a causa del estrés causado por las intimidaciones gubernamentales. Un anciano murió el 22 de diciembre de un repentino ataque cardíaco. El Sr. Yan, de 71 años, murió el 17 de marzo luego de presenciar la demolición de un cobertizo de hierro que utilizaba para lavar la ropa. Dos días después, su esposa fue obligada a firmar una declaración en la que afirmaba que la muerte de su esposo no había tenido nada que ver con las acciones llevadas a cabo por el Gobierno.
La Sra. Ding, de 67 años, se suicidó saltando a un pozo luego de que su casa fuera demolida. Su vecina le dijo a Bitter Winter que la mujer le había rogado a los funcionarios que no destruyeran su casa antes de su quitarse la vida.
