En una descarada jugada por dinero, las autoridades declararon inhabitable todo un vecindario y organizaron la destrucción de las casas, a pesar de las súplicas de los residentes.
Ya es una mala noticia que los funcionarios del Gobierno chino puedan presentarse en una ciudad y declarar a su antojo que las construcciones del lugar son ilegales, pero es aún peor que luego se encarguen de perseguir a los propietarios legítimos simplemente por defender sus bienes.
Eso es precisamente lo que hicieron las autoridades del pueblo de Aojiang, en el condado de Pingyang, bajo la jurisdicción de la ciudad-prefectura de Wenzhou, provincia oriental de Zhejiang.
La aldea de Wubanqiao, bajo la jurisdicción del pueblo de Aojiang, es un área comercial rodeada de edificios de gran altura en la que los ciudadanos ya llevan más de diez años construyendo y amueblando sus viviendas, algunas de incluso tres o cuatro pisos. En julio de 2018, y aparentemente sin motivo alguno, Gao Youshun, secretario de la aldea de Wubanqiao, consideró que el área residencial de la aldea era una “zona inhabitable”, es decir, una zona con viviendas con graves daños o peligrosas, y lo reportó a las autoridades del pueblo de Aojiang, quienes ordenaron la demolición de viviendas.
Prácticamente la mitad de las viviendas, unas 900, fueron declaradas por el Gobierno como construcciones “no autorizadas”. A cada hogar se le ofreció una compensación de menos de 100 000 yuanes (aproximadamente 14 900 dólares), cuando, según información proporcionada por especialistas en el tema, las viviendas, según los precios del mercado, tendrían un valor de 500 000 yuanes (cerca de 74 500 dólares).
Las demoliciones comenzaron en agosto, pero los residentes lucharon por sus derechos. En noviembre de 2018, tenían recaudados más de 2 millones de yuanes (unos 298 000 dólares) para contratar a un equipo legal de Pekín que presentara una demanda por su situación. Sin embargo, cuando el Tribunal Popular de Wenzhou inició el procedimiento, por motivos que aún se desconocen, los abogados contratados por los aldeanos no se atrevieron a decir nada. La gran suma invertida en honorarios de abogados fue un desperdicio de dinero.
Aldeanos protestan contra la demolición forzada de sus casas:
Según algunas fuentes, la mañana en la que tuvo lugar la audiencia judicial, más de 100 aldeanos se dirigían al Tribunal Popular de Wenzhou, pero fueron detenidos por la policía en el camino y trasladados a la comisaría de Aojiang.
“Es inútil que apelen a autoridades superiores”, afirmó un agente de policía con tono agresivo. “Todos están con nosotros. Puede presentar todas las demandas que quieran, pero siempre terminarán aquí”, añadió. Fueron interrogados uno por uno. Algunos aldeanos temían que los dejaran detenidos, por lo que no tuvieron más remedio que ceder y retirar su apelación y fueron liberados esa noche.
Poco después, los aldeanos acudieron al condado de Pingyang para exigir justicia, pero el Gobierno del condado se negó a escuchar su caso.
Según los aldeanos, las viviendas eran relativamente nuevas y no tenían problemas estructurales. Además, estaban identificadas con números de viviendas emitidos de manera uniforme por el Gobierno. Tenían números de cuenta regulares para los suministros de agua y electricidad, y cada área residencial tenía un nombre asignado por el Gobierno.
“Si todas estas viviendas son construcciones no autorizadas, ¿por qué el Gobierno permitió que estuviesen en pie durante tantos años?”, preguntó un aldeano.
En respuesta a las apelaciones de los aldeanos, el 14 de enero de 2019, funcionarios locales, acompañados por algunos electricistas y 50 guardias de seguridad con escudos y varas largas de hierro, se presentaron en la aldea. Se les ordenó a los electricistas que cortaran los suministros de agua y electricidad y que retiraran los medidores de la luz de las casas. La operación duró una semana.
Ante la inminente demolición por la fuerza, algunos aldeanos aceptaron la compensación de menos de 100 000 yuanes y abandonaron sus hogares. Algunas viviendas fueron demolidas por la fuerza incluso antes de que los propietarios recibieran la compensación. Los funcionarios se ensañaron con las viviendas de los aldeanos que rechazaron las condiciones del Gobierno: abrieron agujeros en las paredes o desmantelaron escaleras interiores. Algunos aldeanos que protestaron fueron golpeados y heridos por los guardias de seguridad. Otros fueron detenidos.
Un aldeano de 70 años le reclamó al secretario de la aldea por apagar su medidor de luz. Lo trasladaron a la comisaría local y lo mantuvieron detenido por 24 horas. La vivienda recién amueblada de otra aldeana fue demolida sin haber recibido compensación alguna. Le solicitó una explicación a las autoridades y la respuesta que recibió fue una amenaza de detención. Se vio obligada a esconderse.
El Gobierno contrató personal para demoler viviendas residenciales por la fuerza:
En junio de 2018, otro aldeano fue acusado por “obstrucción de obras oficiales” por protestar contra la demolición. Fue detenido y permaneció en el centro de detención del condado de Pingyang durante seis meses.
Algunos aldeanos de edad avanzada no estaban dispuestos a abandonar sus casas. Cuando cae la noche, utilizan velas o linternas para alumbrarse y cubos grandes para almacenar y tener agua. Según los aldeanos, los funcionarios locales se valen de informantes para vigilarlos a diario.
Según algunas fuentes, las demoliciones por la fuerza se produjeron por el gran aumento de los precios del terreno en la zona. El Gobierno está tratando de desarrollar bienes raíces en el lugar para obtener grandes ganancias.
Informado por Zhao Mingzhe
