Las autoridades continúan acosando a los propietarios de tiendas y restaurantes de etnia han, exigiéndoles la participación en medidas «antiterroristas» dirigidas a sus compatriotas musulmanes.
por Chang Xin
En el mes de marzo, la Oficina de Información del Consejo de Estado de China publicó un libro blanco titulado La lucha contra el terrorismo y el extremismo y protección de los derechos humanos en Sinkiang. Al presentar los logros obtenidos en la represión de la población musulmana local, la cual es considerada como terrorista solo por su origen étnico y su religión, el documento afirma que la lucha contra el terrorismo y el extremismo ha logrado importantes resultados provisionales y ha asegurado los derechos básicos de todos los grupos étnicos existentes en la Región Autónoma Uigur de Sinkiang. «En la actualidad, los grupos étnicos de Sinkiang disfrutan de relaciones más estrechas a través de la comunicación, el intercambio y la fusión. La gente posee un mayor sentido de satisfacción, felicidad y seguridad”, se jacta el documento.
En realidad, para los residentes de Sinkiang, la vida “satisfactoria y feliz” significa casi 3 millones de musulmanes enviados a campamentos de transformación por medio de educación, según algunos cálculos, mientras que los hijos de los detenidos son confinados en instituciones donde se les obliga a abandonar su cultura, idioma e identidad étnica a través de la «hanificación» y el adoctrinamiento ideológico. Aquellos que aún son libres viven constantemente vigilados, tienen que escanear sus rostros incluso para ingresar a sus hogares y son vigilados por sus vecinos de etnia han y por los dueños de negocios quienes, a su vez, son obligados a comprar equipos de control antidisturbios y forzados a participar en simulacros «antiterroristas» y en redadas de patrullaje. Si se niegan o no son lo suficientemente entusiastas, sus negocios son hostigados y deben enfrentar severas consecuencias. Todo en nombre de la estabilidad social, afirman las autoridades chinas.
Tal y como Bitter Winter ha informado en numerosas ocasiones, la «guerra popular contra el terrorismo«, cuando los ciudadanos comunes se movilizan para vigilarse y controlarse entre sí, ha causado malestar y tensiones, contrariamente a lo que afirman las proclamaciones oficiales del Partido Comunista Chino (PCCh).
Según una mujer china de etnia han que dirige un restaurante junto a su familia en Sinkiang, los requisitos para los negocios en nombre de la lucha antiterrorista son incrementados de manera constante. La misma afirmó que, desde hace poco, se le exigió que contratara a un guardia de seguridad para su restaurante: debía ser una persona de entre 20 a 45 años, equipada con equipo antidisturbios. El costo de contratar a una persona de este tipo es de aproximadamente 4000 yuanes (aproximadamente 600 dólares) por mes. Para un pequeño negocio, este es un gasto sumamente importante, no asequible para todos. Como alternativa, los propietarios de negocios pueden desempeñar ellos mismos la función de guardias de seguridad. Debido a ello, en la actualidad, la mujer cocina y realiza otras tareas en su restaurante, vistiendo un chaleco antibalas y un casco.
«El chaleco y el casco son muy pesados, usarlos me provoca mucho calor», explica la mujer. «Cuando cocino en la cocina, mi ropa frecuentemente se cubre de sudor en la zona de la espalda. Es muy incómodo y difícil trabajar en estas condiciones. Mis hombros también me duelen mucho a causa del peso; es realmente agotador».
A causa de las frecuentes inspecciones, la mujer teme las consecuencias de no llevar el atuendo requerido. Le preocupa perder su negocio si no cumple con los requisitos impuestos por el Gobierno.
Anteriormente, en dos ocasiones se le ordenó cerrar el restaurante porque no llevaba el atuendo antiterrorista. En ambas ocasiones, el restaurante permaneció cerrado durante tres días, provocándole pérdidas de casi 6000 yuanes (aproximadamente 900 dólares). No solo eso, sino que además tuvo que presentarse en la oficina comunitaria local para participar en tres días de estudios «antiterroristas». «Se me exigió copiar la Ley Antiterrorista, la cual tiene 26 páginas. Me tomó dos días terminar de copiarla”, explicó la dueña del restaurante. «En la actualidad, dirigir un pequeño negocio no es una tarea sencilla. Hay que soportar mucho en Sinkiang para poder ganarse la vida».
Según la mujer, actualmente, a los dueños de negocios también se les exige instalar una aplicación en sus teléfonos móviles que les avisa con un sonido de alarma cada vez que las autoridades convocan a simulacros antiterroristas, o cuando se les exige que salgan a patrullar. La participación es obligatoria –quienes se atrevan a negarse, enfrentan la clausura de sus negocios y deben pasar tiempo en «clases de estudio».
«Cada vez que escuchamos la alarma, debemos llegar al lugar designado en dos minutos, o de lo contrario, deberemos enfrentar las consecuencias, como por ejemplo la clausura del negocio», afirmó la dueña del restaurante. La mujer explicó que mientras patrullan, deben buscar posibles «terroristas”. Si se encuentran con algún sospechoso deben actuar –no se les permite retirarse o esperar la llegada de refuerzos.
«Si huimos ante el peligro o adoptamos una actitud de espera, seremos arrestados y detenidos», explicó la mujer con enojo. «Se supone que la policía debe proteger la seguridad de las personas. Si todos nosotros, la gente común y corriente, damos un paso al frente, entonces ¿para qué necesitamos a la policía?». No obstante, debido a las severas sanciones y a las frecuentes visitas policiales, no tiene más remedio que acatar las órdenes sin importar lo irracionales que sean.
Algunos propietarios de tiendas no pudieron soportar la tan alta presión del control y abandonaron Sinkiang, sin estar convencidos de la vida «satisfactoria y feliz» en la región que se ha convertido en la prisión más grande del mundo.
