Tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes se ha presentado la legislación bipartidista que prohíbe la exportación de tecnología estadounidense que podría ser utilizada por Pekín para vigilar a los musulmanes detenidos, al tiempo que responsabiliza al Secretario del PCCh de Sinkiang por la dramática situación de los derechos humanos en la región «autónoma».
Marco Respinti
El miércoles 14 de noviembre fue presentado un proyecto de ley bipartidista en ambas cámaras del Congreso de EE. UU., instando a una respuesta más firme por parte del Gobierno liderado por el presidente Donald J. Trump en lo relacionado con la represión que está llevando a cabo China contra el grupo étnico minoritario musulmán, incluidas posibles sanciones contra el secretario del Partido Comunista Chino (PCCh) de la región de Sinkiang, Chen Quanguo, quien además es miembro del poderoso politburó del PCCh, acusado de ser responsable de la dramática situación de la región. El proyecto de ley ha sido presentado por los senadores Marco Rubio (R-FL) y Bob Menendez (D-NJ) en el Senado y por los representantes Christopher H. Smith (R-NJ) y Thomas Suozzi (D-NY) en la Cámara de Representantes. El Senador Rubio y el Representante Smith son los presidentes y copresidente en la Cámara de Representantes de la Comisión Congresual Ejecutiva sobre China de EE.UU., una agencia independiente y bipartidista con mandato legislativo, que perteneciente al Gobierno estadounidense, encargada de controlar el desarrollo de los derechos humanos y el desarrollo del estado de derecho en la República Popular China.
La legislación que introdujeron también le solicita al presidente Trump que designe un nuevo “coordinador especial” para la política estadounidense relacionada con el tema, y que considere la prohibición de exportar tecnología estadounidense que podría ser utilizada por Pekín para vigilar a los uigures detenidos.
El proyecto de ley se basa en una carta bipartidista de 15 senadores y representantes estadounidenses enviada el 29 de agosto al Secretario de Estado, Mike Pompeo, y al Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, a imponer rápidamente sanciones contra individuos y entidades cómplices de violaciones contra los derechos humanos en Sinkiang.
En la región “autónoma” de Sinkiang, tantos como un millón y medio de musulmanes se encuentran detenidos en centros o campamentos de “transformación por medio de educación”. Un millón de ellos son uigures étnicos que están siendo desprogramados y el resto son kazajos étnicos y otras minorías musulmanas de China, así como también hui étnicos.
El senador Rubio y el representante Smith comenzaron a revelar la verdad sobre los musulmanes perseguidos en Sinkiang durante la Reunión Ministerial para Promover la Libertad Religiosa, que se llevó a cabo en Washington, DC, y que fue organizada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y dirigida por el secretario Pompeo junto con Samuel D. Brownback, embajador plenipotenciario de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional. Durante la reunión, celebrada del 24 al 26 de julio de 2018, representantes de 82 países analizaron el estado de la libertad religiosa a nivel mundial. Desde entonces, el interés de los legisladores estadounidenses y del Departamento de Estado con respecto a la libertad religiosa en China ha cobrado impulso.
El Senador Rubio y el Representante Smith, ambos muy interesados en China, están sin duda utilizando la atención internacional provocada por la nueva guerra comercial generada por la política de aranceles del presidente Trump para plantear el tema de los derechos humanos y de la libertad religiosa ‒ la pregunta que no muchos están dispuestos a realizar en lo que respecta a China. El Senador Rubio y el Representante Smith, dos católicos audaces, poseen, de hecho, un amplio historial de defensa contra violaciones de los derechos humanos, y el representante Smith, un conocido defensor de la vida, siempre ha sido muy activo en lo que respecta a denunciar la repugnante «política de un solo hijo” impuesta durante años a las parejas chinas por el régimen neopostcomunista en Pekín. Actualmente, en el secretario Pompeo (un devoto presbiteriano evangélico) y en el embajador Brownback (otro católico acérrimo), han hallado importantes aliados. Si, de hecho, durante el primer año, la administración de Trump parecía no estar muy interesada en lo concerniente a libertad religiosa internacional, mientras que la administración de George W. Bush sí lo estuvo, y la de Barack Obama no (al menos tal y como se supone que debería ser la legítima libertad religiosa), con la llegada de Pompeo a la cabeza de la diplomacia estadounidense luego de Rex Tillerson, y con el nombramiento de Brownback, la situación ha cambiado.
Y esta nueva actitud también marca otro cambio político significativo para Estados Unidos. Después del 11 de septiembre, Estados Unidos utilizó la retórica barata y políticamente gratificante de describir a todos los musulmanes como terroristas, o de alguna manera ligados al terrorismo. Los uigures de Sinkiang lamentablemente no fueron la excepción, para gran satisfacción del PCCh. Pero confrontando la realidad, esta actitud ha cambiado lentamente; y actualmente, gracias también a los significativos esfuerzos llevados a cabo por la Comisión Congresional Ejecutiva sobre China, Estados Unidos ha aprendido a distinguir entre amigos y enemigos también entre los musulmanes chinos.
El fundamento detrás del proyecto de ley presentado en el Congreso de los EE. UU. el miércoles fue la ley Global Magnitsky, es decir, formalmente, la Ley de derogación de la enmienda Jackson-Vanik respecto a Rusia y Moldavia y la Ley Sergei Magnitsky de Responsabilidad del Estado de Derecho de 2012. El proyecto de ley bipartidista aprobado por el Congreso de los EE. UU. y firmado como ley por el presidente Barack Obama en diciembre de 2012, fue diseñado para castigar a los funcionarios rusos responsables de la muerte del contador fiscal ruso Sergei Magnitisky (1972-2009) en la prisión Matrosskaya Tishina de Moscú, quien trabajaba para el bufete de abogados estadounidense Firestone Duncan en Rusia. De hecho, el proyecto de ley le permite al Gobierno de los EE. UU. sancionar a los funcionarios de Gobiernos extranjeros implicados en abusos contra los derechos humanos en cualquier parte del mundo.
