Revista sobre \n la libertad religiosa y \n los derechos humanos en China
Un artículo publicado en Foreign Policy revela cómo China utiliza su influencia económica para evitar que los medios de comunicación extranjeros brinden información sobre persecución religiosa.
La policía obligó a la familia de una mujer detenida a pagar 100 000 yuanes (casi 15 000 dólares) luego de que la salud de la misma se deteriorara a causa de interrogatorios prolongados.
Las autoridades de Sinkiang clausuraron por la fuerza una iglesia doméstica cristiana, arrestando a algunos de sus líderes y creyentes.
Las autoridades están vigilando de cerca a las iglesias domésticas que poseen afiliaciones extranjeras, disfrazando actividades antirreligiosas como iniciativas de lucha contra «fuerzas extranjeras de infiltración».
Las autoridades han lanzado una campaña en escuelas primarias y secundarias tendiente a investigar si los niños y sus familiares son creyentes.
Más de 2000 hombres uigures se encuentran detenidos en un campamento de «transformación por medio de educación» en el condado de Lop de la prefectura de Jotán, en Sinkiang.
Los funcionarios chinos están implementando una variedad de nuevas actividades antirreligiosas, entre las que se incluyen la reutilización de lugares religiosos, la movilización de familiares para «transformar» a los creyentes, etc.
En la ciudad de Dengfeng, en Henán, las autoridades están implementando un extenso programa de demolición que tiene como objetivo sitios religiosos: partes de 36 templos, incluyendo diez sitios históricos y culturales protegidos, han sido destruidos.
Autoridades del PCCh arrestaron a cuatro mujeres en la provincia de Shaanxi por organizar clases religiosas para 32 jóvenes cristianos y posteriormente las encerraron para torturarlas en celdas destinadas para internos del pabellón de los condenados a muerte.
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